Se excluirá a los condenados o sancionados en vía penal, civil o administrativa por ocupaciones ilegales de viviendas y habrá excepciones para familias en situación de vulnerabilidad extrema.
Los okupas que hayan sido condenados o sancionados, ya sea en la vía penal, civil o administrativa, por ocupaciones ilegales de fincas, casas o pisos estarán vetados para poder acceder a una vivienda pública en Andalucía.
Así lo ha explicado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que espera que esta medida tenga un «efecto disuasorio» y logre reducir las ocupaciones ilegales en la comunidad andaluza que, según ha detallado, han aumentado durante la pandemia del coronavirus. Eso sí, habrá excepciones. Cuando se trate de familias en circunstancias de «vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales», éstas podrán acceder a las viviendas públicas, incluso si alguno de sus miembros ha sido condenado o multado por una ocupación ilegal.
